Así consideró el diputado Carlos Brown al proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso y explicó que su fin es “restringir el derecho a reclamar la reparación por los daños causados por el Estado y eximir de responsabilidad a los funcionarios que ejerzan mal sus funciones”.
“El nuevo texto determina que las disposiciones del Código Civil no le son aplicables al Estado ni directa ni subsidiariamente y que la responsabilidad del Estado, así como las acciones u omisiones de los funcionarios y empleados públicos, se regirán por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda”, lo que “deja en muchos casos lagunas del derecho, excluyendo la posibilidad de imponer sanciones a los funcionarios que no cumplan con una resolución judicial”.
Finalmente, destacó que “la responsabilidad del Estado y sus agentes tiene base constitucional y responde a la forma republicana de gobierno adoptada por la Nación Argentina, es decir: el principio de la responsabilidad estatal es inherente al Estado de Derecho”.